Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el Presidente Donald Trump anunció sin rodeos que ahora es el turno de Cuba. Cuatro meses después, Raúl Castro ya ha sido acusado penalmente por un tribunal en Florida.

En este corto tiempo, el mandatario norteamericano ordenó frenar totalmente el envío de petróleo venezolano a la isla que durante décadas se abastecía de miles de millones de barriles que recibía a cambio de servicios médicos, personal educativo y asesores de seguridad e inteligencia cubanos.

Además del histórico bloqueo norteamericano a La Habana, se suma la advertencia de Trump de que, si un país quiere ayudar a Cuba con el envío de combustibles, se le aplicarán importantes aranceles.

Este duro golpe lo vive día a día el pueblo que resiste con más precariedades que antes. Más escasez de alimentos, medicamentos y otros suministros básicos que se suman a los apagones prolongados de hasta 22 horas diarias. Esta situación generó una gran caída del turismo, que era la fuente económica más importante de las últimas décadas. De hecho, las cadenas españolas Iberostar y Meliá junto con otras de origen canadiense e indonesio ya anunciaron el cierre de la mayoría de sus hoteles. A ello se suma la suspensión de los vuelos de Iberia, Air France y Turkish Airlines con destino a Cuba. Y, como si fuera poco, los servicios financieros de Visa y Mastercard también llegaron a su fin en la isla.

Este éxodo corporativo sin precedentes en tan corto tiempo se debe a una orden ejecutiva que firmó Trump el 1 de mayo que sanciona a las personas y empresas que mantengan vínculos económicos con el Grupo de Administración Empresarial S.A., Gaesa, un consorcio militar y empresarial creado por Raúl Castro en 1995 y que maneja el 70% de la economía del país. Así es, Gaesa tutela directamente los ingresos de los hoteles, los puertos, las tiendas en divisas, las importaciones y exportaciones, la gestión de las remesas de los exiliados y las negociaciones financieras internacionales de la isla.

Y como nueva señal del endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, la administración Trump incorporó a Miguel Díaz-Canel a la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, elevando la presión directa sobre quien hoy encabeza el régimen cubano.

En medio de este complejo escenario se han desarrollado reuniones y conversaciones de alto nivel entre Washington y La Habana.

Uno de los encuentros más sorpresivos e inéditos fue la llegada del director de la CIA, John Ratcliffe a La Habana, quien se reunió con representantes del Ministerio del Interior, agentes de inteligencia cubanos y con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl, apodado, el cangrejo.

Pero no ha sido el único. En la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, una instalación militar estadounidense ubicada en el sureste de Cuba, el General Francis Donovan, Comandante del Comando Sur de Estados Unidos se reunió con altos mandos militares cubanos para abordar “cuestiones de seguridad operativa”.

Trump no ha ocultado su interés. Ha dicho que busca el fin de la dictadura comunista en Cuba, iniciada hace 67 años por el líder revolucionario Fidel Castro y continuada por su hermano Raúl tras su retiro del poder. El mandatario republicano declaró que Cuba es un “país fallido”, que está pidiendo ayuda y que los cubano-estadounidenses quieren regresar a su país y ayudar a que la isla prospere.

Nadie duda de que quien está detrás de esa idea y le ha presentado un plan, es su Secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio. Ambos plantean que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. debido a la inestabilidad y la supuesta presencia de bases de inteligencia y espionaje de potencias extranjeras adversarias en la isla que se ubica a solo 145 kilómetros de distancia.

Mientras que, Miguel Díaz-Canel y su administración rechazan categóricamente esta postura. Sostienen que su país no representa ninguna amenaza militar o de seguridad para Estados Unidos y denuncia que la designación es un pretexto para justificar una política de asfixia económica.